Sabemos cómo ayudarle.

Para contratar con el Sector Público en España, la empresa debe acreditar una serie de requisitos de solvencia económica y financiera, así como de solvencia técnica y profesional, además de cumplir correctamente con las obligaciones administrativas exigidas en los pliegos. Esto incluye, entre otros aspectos, disponer de cuentas anuales depositadas, estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, no incurrir en prohibiciones de contratar, acreditar experiencia en contratos similares, contar con medios humanos y materiales adecuados y, cuando proceda, gestionar la inscripción en registros oficiales de licitadores como el ROLECE.

Nuestro equipo de consultoría especializada en contratación pública puede asesorarle de forma personalizada sobre cómo preparar su empresa para contratar con la Administración Pública: análisis de solvencia, planificación de mejoras, preparación de toda la documentación acreditativa necesaria y acompañamiento en sus primeros procedimientos de licitación pública de obras, servicios o suministros.

Es básico inscribir la empresa en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE / ROLECSP). Una vez esté inscrita, podrá beneficiarse de la ventaja de no tener que presentar en cada licitación toda la documentación administrativa y de solvencia económica, financiera, técnica y profesional, ya que esta queda depositada y actualizada en el registro. Además, la inscripción en el ROLECE es un requisito imprescindible para poder presentarse al procedimiento abierto simplificado, e incrementa las posibilidades de acceder a licitaciones públicas de obras, servicios y suministros con trámites más ágiles y menos carga burocrática. El resto de requisitos específicos que se exijan en cada licitación se acreditarán de forma rápida mediante el correspondiente certificado ROLECE-ROLECSP, permitiendo a la empresa licitadora concentrar sus esfuerzos en preparar ofertas técnicas y económicas más competitivas.

Para poder participar en una licitación pública, la empresa debe acreditar unos requisitos de solvencia económica y financiera, así como de solvencia técnica y profesional, que serán diferentes en función de cada contrato y de lo que exijan los pliegos de la Ley de Contratos del Sector Público. En los contratos de obras cuyo presupuesto supere los 500.000 €, la Administración exige contar con Clasificación como Contratista de Obras del Estado, mientras que para los contratos de servicios la clasificación no es obligatoria, pero sí puede resultar muy interesante para acceder a contratos de mayor importe y demostrar solvencia reforzada frente a otros licitadores.

Si su empresa ya tiene cierta experiencia en obras públicas o servicios al Sector Público y dispone de medios humanos y materiales suficientes como para aspirar a contratos de mayor cuantía, puede ser el momento de tramitar la Clasificación como Contratista del Estado en los grupos y subgrupos que mejor encajen con su actividad. Nuestro equipo de consultoría especializada en contratación pública puede gestionar y tramitar íntegramente el expediente de clasificación empresarial, preparando la documentación económica, técnica y administrativa necesaria hasta la obtención del Certificado de Clasificación como Contratista de Obras o Servicios del Estado, para que su empresa esté en condiciones de competir en licitaciones públicas de mayor volumen y complejidad.

El Sector Público es un gran cliente y una importante fuente de contratos recurrentes para empresas de obras, servicios y suministros. Sin embargo, para poder contratar con la Administración Pública es imprescindible conocer y aplicar correctamente la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 y la normativa de contratación correspondiente, ya que es necesario preparar y presentar las ofertas en las licitaciones públicas conforme a estas reglas y a lo establecido en los pliegos.

Nuestro equipo, especializado en consultoría en contratación pública, se encarga de preparar y presentar todos los documentos que componen la oferta de una licitación pública en España, también para empresas extranjeras que desean licitar en España: documentación administrativa, declaraciones responsables, acreditación de solvencia económica y técnica, memorias técnicas y ofertas económicas, todo ello dentro de plazo y correctamente presentado, con el objetivo de maximizar las posibilidades de adjudicación del contrato.

Si está interesado en presentarse a una licitación pública y la clasificación como contratista de obras o servicios de su empresa no alcanza el nivel exigido en los pliegos, una solución habitual en el ámbito de la contratación pública es constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE). Mediante una UTE, varias empresas pueden sumar su solvencia económica y financiera, así como su solvencia técnica y profesional, para cumplir los requisitos de clasificación y solvencia requeridos y optar a contratos públicos de mayor importe o complejidad que los que podría asumir cada empresa por separado.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) permite presentar una oferta conjunta en licitaciones de obras, servicios o suministros, compartir medios humanos y materiales, distribuir riesgos y responsabilidades y mejorar la puntuación en solvencia y experiencia acreditada. Nuestro equipo de consultoría especializada en contratación pública puede asesorarle en todo el proceso: análisis de los requisitos de solvencia del contrato, estudio de necesidades de clasificación adicional, búsqueda y selección de socios adecuados, redacción del acuerdo privado de UTE y preparación de toda la documentación administrativa y técnica necesaria para que la UTE pueda presentar ofertas competitivas en licitaciones públicas con plenas garantías.

Nuestro equipo de consultoría especializada en contratación pública le puede asesorar de forma completa sobre la UTE a constituir entre las empresas interesadas en el contrato: analizamos el perfil de cada socio, definimos los porcentajes de participación y calculamos la clasificación resultante como contratista de obras o servicios a partir de la suma de las clasificaciones individuales (grupos, subgrupos y categorías). Además, verificamos que, en su caso, se cumplen todos los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional, así como el resto de criterios establecidos en el pliego de la licitación pública de obras o servicios, preparando la documentación administrativa y técnica necesaria para presentar la oferta con garantías. Es importante tener en cuenta que no siempre conviene formar una UTE: cada licitación pública requiere un estudio personalizado que permita identificar las posibilidades reales de éxito, valorar riesgos, analizar la capacidad de medios propios de cada empresa y determinar si es más ventajoso concurrir de forma individual o mediante una Unión Temporal de Empresas.

Si su empresa ha presentado una oferta en una licitación pública y esta ha sido calificada como baja anormal, baja desproporcionada o baja temeraria (todas ellas denominaciones habituales), la Administración le requerirá justificar la oferta presentada mediante un informe técnico-económico detallado. Nuestro equipo, especializado en consultoría en contratación pública, cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de justificaciones de ofertas incursas en baja temeraria en licitaciones públicas de obras, servicios y suministros en España. Analizamos en profundidad los precios unitarios, costes directos e indirectos, rendimientos de la mano de obra, medios materiales, plazos de ejecución y estructura de costes de la empresa, para preparar una memoria de justificación sólida, coherente con los pliegos y alineada con la Ley de Contratos del Sector Público. Nos esforzamos al máximo para que la justificación de su oferta sea aceptada por el órgano de contratación y pueda mantenerse la viabilidad de la adjudicación del contrato.

Nuestra empresa ha presentado oferta en una licitación pública y, una vez abiertas las proposiciones y conocidas las puntuaciones y acuerdos de la Mesa de Contratación, podemos no estar de acuerdo con alguna decisión del Órgano de Contratación (exclusión de la oferta, valoración técnica, criterios automáticos, clasificación de ofertas, propuesta de adjudicación, etc.). En estos casos, la vía adecuada suele ser presentar un recurso contra la licitación pública, ya sea un recurso especial en materia de contratación, un recurso administrativo de reposición o, en su caso, preparar la estrategia para un posterior recurso contencioso-administrativo.

Nuestro equipo, especializado en consultoría en contratación pública, puede analizar el pliego, los informes de valoración y los acuerdos de la Mesa, identificar los posibles motivos de impugnación (errores en la aplicación de los criterios de adjudicación, falta de motivación, vulneración de la igualdad entre licitadores, incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, etc.) y redactar un recurso técnico-jurídico sólido frente al Órgano de Contratación o el tribunal competente, con el objetivo de defender su oferta y proteger sus derechos como licitador en el procedimiento de adjudicación.

Nuestro equipo, especializado en consultoría en contratación pública, le puede asesorar y tramitar íntegramente la presentación de sus alegaciones en forma de recurso o de cualquier otro escrito dirigido al Órgano de Contratación a través del registro electrónico. Analizamos el expediente de licitación (pliegos, informes técnicos, actas de la Mesa de Contratación, criterios de adjudicación, exclusiones y puntuaciones) y elaboramos un informe valorativo técnico-jurídico sobre la situación planteada, identificando los posibles motivos de impugnación y la estrategia más adecuada para defender sus intereses como licitador.

Le acompañamos en la redacción y presentación de recursos especiales en materia de contratación, recursos de reposición, escritos de alegaciones frente a propuestas de exclusión o adjudicación, así como en la contestación a requerimientos de subsanación y cualquier otro trámite administrativo que pueda surgir a lo largo del procedimiento de licitación pública de obras, servicios o suministros. El objetivo es que cada escrito presentado esté correctamente fundamentado en la Ley de Contratos del Sector Público y aumente las posibilidades de éxito de su posición ante la Administración.